El grupo de gobierno Asba-NC deberá pagar 1.339.000 euros a la empresa FCC, en concepto de liquidación del contrato por el servicio de limpieza, para poner fin al conflicto judicial que venían manteniendo ambas partes desde 2012.
El importe de la liquidación es fruto de un acuerdo entre ambas partes, pero dista mucho de los 457.000 euros que el alcalde presentó como liquidación oficial hace un año.
“Hace un año le dije al alcalde que su propuesta de liquidación no estaba avalada por ninguna sentencia judicial y que, por lo tanto, era papel mojado. Nosotros presentamos tres sentencias judiciales y un informe oficial. Las sentencias decían que al ayuntamiento debía pagar todas las facturas. Y el informe oficial del interventor, que se debían 2.163.000 en facturas” explica Juan C. Hernández Atta, portavoz de Asamblea Valsequillera.
Transcurridos veinte días de aquel pleno (celebrado el 26 de abril de 2019), el Ayuntamiento realizó un pago de 754.000 € y el 7 de noviembre del mismo año, otro pago por valor de 334.000 €. En ambos casos, por facturas atrasadas. “Si sumamos esas dos cantidades nos da 1.088.000 €. Y en la liquidación que nos presentaron el martes, 1.100.000 € correspondía a facturas atrasadas. En total, salen los 2,1 millones de euros que adelantamos que habría que pagar. El tiempo, nos ha dado la razón” continúa el portavoz de AV.
El resto del importe de la liquidación (239.000€) presentada en el pleno, corresponde a revisiones de precios y otros gastos.
“Hace un año el alcalde nos dijo que en su informe estaba la realidad y que nosotros manipulábamos los números para confundir a nuestros vecinos. La realidad es que hace un año dijo que la liquidación eran 457.000 euros y ahora es 1.339.000 euros. La realidad es que en el último año se ha pagado otro millón en facturas atrasadas. Y la realidad es que nosotros dijimos la verdad y presentamos los datos reales y oficiales. Esa es la realidad. Esa es la verdad” concluye Juan C. Hernández Atta.
Por ocho años de conflictos judiciales, el ayuntamiento de Valsequillo ha pagado (hasta el 10/01/2019, fecha del informe solicitado a la intervención general del ayuntamiento):
- 198.000 euros en intereses de demora.
- 88.000 euros en costas judiciales.
- 26.000 euros en abogados externos.
Y a estos gastos hay que sumar el coste que ha tenido para nuestros vecinos y vecinas ocho años de un servicio que no ha estado a la altura de lo estipulado en el contrato por culpa de una guerra inútil.
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